Radiografía municipal 2025

Lo que el Censo Nacional de Gobiernos Municipales revela sobre la realidad de los municipios mexicanos

Introducción: una fotografía estadística del municipalismo mexicano

El pasado 19 de marzo de 2026, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (CNGMD) 2025. Este instrumento, de periodicidad bienal y con categoría de Información de Interés Nacional, constituye la fuente más completa y sistemática sobre la estructura, funcionamiento y desempeño de las administraciones públicas municipales en México.

Los datos corresponden principalmente al ejercicio fiscal 2024, con información levantada entre junio y octubre de 2025 en los 2,478 municipios y demarcaciones territoriales del país. El CNGMD abarca temas de gobierno, seguridad pública, justicia cívica, agua potable y saneamiento, residuos sólidos urbanos, control interno, contrataciones públicas, catastro y gestión territorial, entre otros.

Este artículo analiza los hallazgos más relevantes del censo desde la perspectiva de la gestión municipal, con énfasis en las implicaciones constitucionales para la autonomía local y las áreas de oportunidad que los gobiernos municipales deben atender de manera prioritaria.

I. Análisis de los principales hallazgos

Composición política y representación en los ayuntamientos

El censo registró 2,433 presidencias municipales y de alcaldías al cierre de 2024. La participación femenina en las presidencias municipales alcanzó el 24.9%, lo que representa un incremento respecto al 22.9% reportado en 2022. En el caso de las sindicaturas, las mujeres ocuparon el 60.0% de los cargos, y en las regidurías, el 54.2%. Estos datos reflejan un avance gradual pero sostenido en la integración paritaria de los órganos de gobierno municipal, aunque la brecha en las presidencias sigue siendo considerable.

En cuanto a la afiliación partidista, Morena concentró el 30.4% de las presidencias municipales, seguido por las personas sin partido político (17.7%) y el PRI con el 11.6%, que registró una caída significativa respecto al 17.8% de 2022. Este reordenamiento del mapa político municipal tiene implicaciones directas en la coordinación intergubernamental y en las dinámicas de negociación de recursos federales.

Un dato particularmente relevante es que 388 presidencias municipales (15.9%) fueron electas mediante sistemas normativos indígenas, lo que confirma la vigencia y la importancia de las formas de autogobierno reconocidas constitucionalmente.

Estructura organizacional: menos instituciones, menos personal

Las administraciones públicas municipales se integraron por 43,289 instituciones, cifra que representa una disminución del 2.7% respecto a 2022. El 92.8% perteneció a la administración pública centralizada y el 7.2% a la paramunicipal. Este adelgazamiento institucional debe leerse con cautela: puede reflejar procesos de racionalización administrativa, pero también podría indicar debilitamiento de capacidades operativas.

El personal adscrito a las administraciones municipales sumó 1,071,516 personas, con una disminución del 5.1% respecto al censo anterior. Las mujeres representaron el 38.2% del total. Uno de los datos más preocupantes es el nivel salarial: el 48% de las mujeres y el 45.7% de los hombres percibieron ingresos brutos mensuales de hasta 10,000 pesos. En cuanto a escolaridad, solo el 22.9% de las mujeres y el 16.9% de los hombres contaron con estudios de licenciatura o posgrado, lo que plantea serios retos de profesionalización del servicio público municipal.

Presupuesto: crecimiento real pero concentrado

El presupuesto ejercido por las administraciones municipales ascendió a 811,968 millones de pesos corrientes en 2024. A precios constantes de 2018, esto representó 601,281 millones, un incremento real del 11.7% respecto a 2023. Sin embargo, la concentración es notable: los municipios del Estado de México y Jalisco acapararon el 17.1% y el 10.4% del presupuesto nacional, respectivamente. En contraste, entidades como Tlaxcala, Colima y Campeche apenas superaron los 5,000 millones de pesos en conjunto.

Servicios públicos y agua potable: coberturas altas con brechas críticas

Prácticamente todos los municipios prestaron servicio de alumbrado público (99.7%) y contaron con panteones (99.8%). Sin embargo, el servicio de drenaje y alcantarillado solo alcanzó al 81% de los municipios, con 455 que carecieron de una red pública. De estos, el 86% señaló que los predios contaban con fosas sépticas como alternativa. En materia de agua potable, 18 municipios declararon no prestar el servicio, concentrados en Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chiapas, Guerrero y Michoacán.

La recolección de residuos sólidos urbanos cubrió al 93.7% de los municipios, pero la recolección selectiva (separación en orgánicos e inorgánicos) solo se implementó en 222 municipios, representando apenas el 15.4% del volumen total recolectado. Este dato evidencia un rezago significativo en las políticas municipales de gestión integral de residuos.

Control interno y anticorrupción: señales de alerta

El censo reportó 1,061 órganos internos de control en las administraciones municipales, una reducción del 5.7% respecto a 2022. Las auditorías aplicadas cayeron dramáticamente: de 24,056 en 2022 a solo 9,487 en 2024, una reducción del 60.6%. Si bien las denuncias por incumplimiento de obligaciones también disminuyeron (de 45,437 a 35,472), las investigaciones por faltas administrativas sumaron 43,340 y se concluyeron 30,809, con un aumento del 30.5% en investigaciones concluidas respecto al periodo anterior.

Se sancionó a 7,465 personas servidoras públicas, un aumento del 11.2%. La sanción más frecuente fue la amonestación privada (39.5%), seguida de la amonestación pública (26.7%) y la inhabilitación (23.6%). El Estado de México concentró el 41.2% del total de personas sancionadas a nivel nacional.

Contrataciones públicas: predominio de la adjudicación directa

Las administraciones municipales realizaron 180,053 contratos en 2024 por un monto total de 305,461 millones de pesos. El procedimiento más utilizado fue la adjudicación directa, con el 65.3% de los contratos y el 49.4% del monto total. La licitación pública representó solo el 7.2% de los contratos. Si bien se observó una ligera mejora respecto a 2022 —cuando la adjudicación directa alcanzó porcentajes mayores—, el predominio de este mecanismo sigue siendo una fuente de riesgo para la transparencia y la competencia económica en el ámbito municipal.

En obra pública, el 68.3% de los contratos se financió con recursos provenientes de otros ámbitos de gobierno, lo que subraya la dependencia fiscal de los municipios respecto de las transferencias federales y estatales.

Seguridad pública municipal: déficit estructural

De los 2,478 municipios censados, solo 1,898 contaron con una institución formalmente constituida para ejercer la función de seguridad pública. Otros 403 dependieron de cuerpos de seguridad comunales, 90 de instituciones de otros niveles de gobierno, y 23 no contaron con ninguna institución ni cuerpo que ejerciera esta función. El personal de seguridad pública municipal sumó 166,091 personas, una disminución del 5.5% respecto a 2022, con una tasa nacional de 1.3 elementos por cada mil habitantes. Solo el 62.8% del personal policial contó con Certificado Único Policial, y un 13.6% no había sido evaluado en control de confianza.

Justicia cívica: una función dispersa

Apenas 508 municipios (20.6%) contaron con juzgados cívicos formalmente constituidos. En 1,747 municipios, la función de justicia cívica fue ejercida por otras autoridades, siendo la persona síndica la más frecuente (822 municipios), seguida de la institución de seguridad pública (498 municipios). En 192 municipios no existió ninguna autoridad que ejerciera esta función. Los procedimientos administrativos procedentes sumaron 1,005,028, una disminución del 20.8% respecto a 2022.

Catastro y recaudación predial: la asignatura pendiente

El gobierno municipal cobró directamente el impuesto predial en 2,030 municipios. La cantidad programada por este concepto fue de 92,817 millones de pesos, pero la recaudación real alcanzó solo 48,703 millones, es decir, el 52.5% de lo programado. El porcentaje promedio de recaudación por municipio fue del 74%, pero la brecha entre lo programado y lo efectivamente cobrado revela una enorme área de oportunidad fiscal. Solo el 42.9% de los municipios ofreció medios electrónicos de pago, y apenas el 4.4% contó con medios alternativos como tiendas de conveniencia.

Planeación territorial: asentamientos irregulares y zonas de riesgo

Un total de 957 municipios reportaron la existencia de asentamientos humanos irregulares, identificándose 13,034 asentamientos con una población estimada de 1.58 millones de personas en una superficie de más de 3.3 millones de hectáreas. Adicionalmente, 1,042 municipios reportaron asentamientos en zonas de riesgo, con 8,091 asentamientos que albergan a una población estimada de 1.89 millones de personas. Estos datos evidencian un desafío mayúsculo en materia de ordenamiento territorial y protección civil que los municipios no pueden seguir postergando.

II. Análisis constitucional: la autonomía municipal a prueba

Los resultados del CNGMD 2025 deben leerse a la luz del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra al municipio libre como la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los estados. Este precepto reconoce al municipio como un orden de gobierno con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y capacidad para administrar libremente su hacienda.

Autonomía administrativa: capacidades reales vs. capacidades formales

La Constitución otorga a los municipios facultades amplias para organizar su administración pública. Sin embargo, los datos censales revelan que esta autonomía administrativa enfrenta limitaciones prácticas severas. La disminución del personal municipal (5.1%), los bajos niveles de escolaridad (menos del 20% con licenciatura o posgrado), y la reducción de instituciones (2.7%) sugieren que muchos municipios carecen de las capacidades institucionales mínimas para ejercer efectivamente las funciones que la Constitución les asigna.

Especialmente preocupante es el caso de los 23 municipios que no contaron con ninguna institución ni cuerpo que ejerciera la función de seguridad pública, pese a que esta es una responsabilidad expresamente prevista en la fracción III del artículo 115 constitucional. La existencia de 403 municipios donde cuerpos comunales autogestivos asumieron esta función plantea interrogantes sobre el alcance real de la autonomía municipal en materia de seguridad.

Autonomía hacendaria: dependencia fiscal persistente

La fracción IV del artículo 115 constitucional establece que los municipios administrarán libremente su hacienda y que esta se formará con los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, las contribuciones que las legislaturas establezcan a su favor —incluyendo el impuesto predial—, y las participaciones federales. Los datos del censo muestran que la recaudación del impuesto predial apenas alcanzó el 52.5% de lo programado, mientras que el 68.3% de los contratos de obra pública se financió con recursos de otros ámbitos de gobierno.

Esta dependencia fiscal estructural limita en la práctica la autonomía municipal reconocida constitucionalmente. Si los municipios no fortalecen sus ingresos propios, particularmente el predial, seguirán siendo vulnerables a las decisiones presupuestales de otros niveles de gobierno, lo que erosiona su capacidad de autogobierno.

Los sistemas normativos indígenas como expresión de pluralidad municipal

El hecho de que 388 presidencias municipales hayan sido electas mediante sistemas normativos indígenas confirma la vitalidad de estas formas de organización, reconocidas por el artículo 2° constitucional en relación con el artículo 115. Esta modalidad, concentrada principalmente en Oaxaca, representa una expresión legítima de autonomía municipal que coexiste con el modelo de partido político y que requiere atención diferenciada en las políticas de fortalecimiento institucional.

Control interno y rendición de cuentas: el equilibrio entre autonomía y responsabilidad

La autonomía municipal no implica ausencia de controles. La caída del 60.6% en las auditorías aplicadas a las administraciones municipales es un dato que debe generar preocupación, pues debilita los mecanismos de rendición de cuentas que son condición para el ejercicio responsable de la autonomía. La reducción de los órganos internos de control (5.7%) y la concentración de las sanciones en amonestaciones privadas (39.5%) sugieren que los sistemas municipales de responsabilidad administrativa requieren un fortalecimiento urgente.

III. Implicaciones para los gobiernos municipales

Los resultados del CNGMD 2025 configuran un mapa de retos y oportunidades que los gobiernos municipales no pueden ignorar. A continuación se destacan las implicaciones más relevantes.

Profesionalización del servicio público

Con casi la mitad del personal municipal ganando menos de 10,000 pesos mensuales y menos de una quinta parte con estudios de licenciatura o posgrado, los municipios enfrentan un déficit severo de capital humano. La profesionalización no es un lujo sino una condición básica para prestar servicios públicos de calidad, administrar recursos con transparencia y responder a las demandas de una ciudadanía cada vez más exigente. Los municipios deben invertir en programas de formación continua, esquemas de servicio civil de carrera y condiciones laborales dignas que atraigan y retengan talento.

Fortalecimiento de ingresos propios

La brecha entre lo programado y lo recaudado por impuesto predial (más de 44,000 millones de pesos) representa una oportunidad fiscal enorme. Los municipios deben modernizar sus sistemas catastrales, ampliar la oferta de medios electrónicos de pago, implementar campañas de regularización y combatir la evasión fiscal. Cada peso que el municipio deja de cobrar en predial es un peso de autonomía que pierde frente a los recursos federales condicionados.

Seguridad pública: un desafío existencial

La disminución del personal policial, la baja cobertura del Certificado Único Policial (62.8%) y la existencia de municipios sin ninguna capacidad de seguridad pública requieren respuestas inmediatas. Los municipios deben priorizar el reclutamiento, la capacitación y la certificación de sus elementos, así como explorar mecanismos de coordinación intermunicipal para aquellos que no cuentan con capacidades propias.

Transparencia en contrataciones

El predominio de la adjudicación directa en el 65.3% de los contratos municipales es una señal de alerta. Los municipios deben fortalecer sus comités de adquisiciones, ampliar el uso de la licitación pública, publicar proactivamente la información de sus contratos y capacitar a su personal en la normatividad aplicable. La transparencia en las contrataciones no solo reduce riesgos de corrupción sino que genera ahorros significativos.

Gestión territorial y protección civil

Con casi un millón de municipios reportando asentamientos irregulares y más de un millón con asentamientos en zonas de riesgo, la planeación territorial debe convertirse en prioridad. Los municipios necesitan actualizar sus programas de desarrollo urbano, fortalecer sus áreas de catastro y planeación, y establecer protocolos claros para la prevención y atención de desastres.

Control interno y anticorrupción

La caída en auditorías y la reducción de órganos internos de control representan un debilitamiento preocupante de los mecanismos de rendición de cuentas. Los municipios deben fortalecer sus contralorías, capacitar al personal de control interno, y garantizar que las investigaciones y sanciones se conduzcan con rigor y oportunidad.

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (CNGMD) 2025. Reporte de resultados publicado el 19 de marzo de 2026.

Consulta completa: https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2025/

Nota: Las cifras y datos citados en este artículo provienen exclusivamente del reporte oficial del INEGI. Las interpretaciones, análisis constitucionales y recomendaciones son responsabilidad de Iniciativa Local.