Programa de Conectividad en Sitios Públicos 2026

Análisis del Programa de Conectividad en Sitios Públicos y en Áreas de Atención Prioritaria 2026 (PCSP-AAP 2026) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2026.

I. Análisis técnico del Programa

El 16 de abril de 2026, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa de Conectividad en Sitios Públicos y en Áreas de Atención Prioritaria 2026 (PCSP-AAP 2026). Este programa es el instrumento operativo anual del Plan Nacional de Conectividad 2026-2030 (PNC) para identificar y conectar sitios públicos con rezago de acceso a Internet.

En términos técnicos, el programa opera sobre tres premisas fundamentales: identificación territorial, priorización focalizada y coordinación intergubernamental. Su arquitectura programática se sostiene en seis componentes: obligaciones de cobertura social, capacidad satelital reserva del Estado, un Repositorio Único de Sitios Públicos (RUSP), cobertura directa por CFE, atención a Áreas de Atención Prioritaria (AAP), e identificación de sitios públicos dentro de esas áreas.

El diagnóstico de la brecha digital

El programa parte de un diagnóstico robusto construido sobre datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024 del INEGI. Al 2024, el 83.1% de la población de seis años y más utilizaba Internet —equivalente a 100.2 millones de personas—, lo que representa un avance significativo respecto al 75.6% registrado en 2021. Sin embargo, la expansión ha sido profundamente desigual.

La brecha urbano-rural es la dimensión más crítica: mientras el acceso en zonas urbanas alcanza el 86.9%, en el ámbito rural apenas llega al 68.5%. Estados como Chiapas (64.92%), Oaxaca (69.24%) y Guerrero (77.48%) concentran los mayores rezagos, y son precisamente las entidades donde el programa focaliza sus intervenciones más intensas.

Otro dato relevante para los municipios: el 55.25% de los hogares sin Internet reporta como causa principal la falta de recursos económicos —no la ausencia de infraestructura—. Esto determina la lógica del programa: no basta con desplegar redes; es necesario proveer acceso gratuito en espacios públicos donde la población pueda conectarse sin costo.

Las metas concretas de 2026

El PCSP-AAP 2026 establece dos metas cuantificables para el ejercicio fiscal en curso:

• Conectar 27,749 sitios públicos sin acceso a Internet: 20,188 tele-escuelas y 7,561 clínicas del IMSS Bienestar, a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

• Beneficiar a 640,000 habitantes en Áreas de Atención Prioritaria, lo que equivale al 13% de la población que habita en dichas zonas.

• Identificar 72,233 localidades con altos índices de brecha por asequibilidad, donde la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) podrá imponer obligaciones de cobertura a concesionarios.

• Atender mediante cobertura satelital a 820,922 personas en 10,320 localidades rurales dispersas (menos de 500 habitantes y ubicadas a más de 8 km de infraestructura existente).

El programa establece que dentro de los 30 días posteriores a su emisión, las dependencias responsables deberán presentar un cronograma con fechas específicas de cumplimiento. Este plazo resulta crítico para los municipios que deban alinear trámites o facilitar instalaciones en su territorio.

II. Análisis constitucional: autonomía municipal y conectividad como derecho

La fundamentación constitucional del PCSP-AAP 2026 es robusta y polivalente. El programa se ancla principalmente en el artículo 6° constitucional, que reconoce el derecho de toda persona al acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación, incluyendo el servicio de Internet de banda ancha, y establece la obligación del Estado de garantizar su ejercicio efectivo mediante políticas de inclusión digital universal.

Esta consagración constitucional tiene consecuencias directas para los tres órdenes de gobierno. El artículo 1°, tercer párrafo, de la CPEUM establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Los presidentes municipales y sus cabildos son, por tanto, autoridades co-responsables de garantizar el derecho a la conectividad en sus respectivos territorios.

La tensión con la autonomía municipal

Desde la perspectiva de la autonomía municipal consagrada en el artículo 115 constitucional, el PCSP-AAP 2026 presenta una tensión que debe ser analizada con cuidado. El programa asigna a los municipios un rol de coordinadores y facilitadores —no de ejecutores— del despliegue de infraestructura. La línea de acción 4 del programa encomienda expresamente la simplificación de trámites municipales y la eliminación de barreras burocráticas para el despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones.

Esto implica que los municipios, en ejercicio de su competencia reglamentaria —reconocida por el artículo 115, fracción II constitucional—, deberán revisar y, en su caso, modificar sus reglamentos de construcción, licencias de uso de suelo, y cualquier trámite administrativo que pudiera obstaculizar la instalación de antenas, equipos de WiFi, o infraestructura de telecomunicaciones en espacios públicos. La Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos (LNETB) refuerza esta obligación.

Desde una lectura estricta del principio de autonomía municipal, esta coordinación obligatoria no constituye una invasión de competencias, siempre que se realice de forma concertada y no impositiva. El artículo 115 constitucional permite la coordinación entre órdenes de gobierno para la prestación de servicios públicos y el ejercicio de funciones. Sin embargo, los municipios deben ser vigilantes de que la simplificación exigida no derive en la renuncia de su potestad regulatoria en materias como el uso de imagen urbana, la protección de zonas históricas, o los derechos de vía.

Un elemento relevante en clave de autonomía es la naturaleza del Repositorio Único de Sitios Públicos (RUSP). La definición de "sitios públicos" establecida en el artículo 3, fracción LXXVII de la LMTR incluye expresamente los espacios a cargo de los tres órdenes de gobierno. Esto significa que los municipios deberán proporcionar información actualizada sobre sus instalaciones —casas de cultura, parques, plazas, oficinas municipales— para su incorporación al RUSP, lo que representa una carga administrativa que debe ser gestionada con eficiencia.

III. Implicaciones para los gobiernos municipales

El PCSP-AAP 2026 genera implicaciones concretas para los municipios mexicanos en al menos cuatro dimensiones: administrativa, presupuestal, regulatoria y política.

Dimensión administrativa: el municipio como nodo de coordinación

Los municipios se convierten en interlocutores obligados de la ATDT y la CRT para la implementación del programa. Deberán designar un área o servidor público responsable de coordinar las solicitudes de instalación de infraestructura, gestionar los datos de sitios públicos municipales para el RUSP, y facilitar los trámites que los concesionarios requieran para cumplir sus obligaciones de cobertura.

Para los municipios con mayor presencia de tele-escuelas y clínicas del IMSS Bienestar en su territorio —particularmente en Veracruz, Estado de México, Oaxaca, Chiapas y Guerrero—, esta coordinación será especialmente intensa, ya que CFE deberá acceder a las localidades para instalar puntos de acceso WiFi gratuito en esos 27,749 sitios.

Dimensión regulatoria: obligación de simplificar

Conforme a la línea de acción 4 del programa y a la LNETB, los municipios tienen la obligación de revisar su marco normativo local para identificar y eliminar trámites, permisos o requisitos que constituyan barreras innecesarias al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Esto aplica a reglamentos de construcción, de imagen urbana, de uso del suelo, y a cualquier permiso relacionado con la instalación de antenas o equipos de conectividad en la vía pública o en inmuebles municipales.

Esta obligación no es discrecional: se sustenta en la LNETB, que designa a las autoridades municipales como corresponsables de la implementación y vigilancia de los principios de simplificación y armonización regulatoria. Los municipios que no realicen esta revisión quedan expuestos a ser señalados como obstáculos burocráticos en los informes de seguimiento del PNC.

Dimensión presupuestal: recursos y oportunidades

El programa clarifica que todas sus acciones se financiarán con recursos de los ejecutores de gasto participantes, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación. En principio, esto no genera cargas presupuestales directas para los municipios. Sin embargo, la participación activa en el programa puede abrir oportunidades de acceso a infraestructura digital de alto valor para las comunidades locales.

Los municipios que logren identificar y registrar adecuadamente sus sitios públicos en el RUSP tendrán mayor probabilidad de ser incluidos en las prioridades de cobertura, tanto de CFE como de los concesionarios privados obligados por la CRT. Inversamente, los municipios que no gestionen activamente su participación podrían quedar rezagados en la distribución de beneficios.

Dimensión política: conectividad como plataforma de gobierno

Más allá de la conectividad como derecho, el PCSP-AAP 2026 tiene una dimensión política que los municipios deben aprovechar estratégicamente. El programa reconoce expresamente que la conectividad en sitios públicos es una condición habilitadora para la digitalización de trámites y servicios gubernamentales. Para los municipios que aspiran a modernizar su gestión y acercar servicios a la ciudadanía, la llegada de Internet gratuito a sus instalaciones y espacios comunitarios es una oportunidad de transformación digital de bajo costo relativo.

IV. Llamado a la acción: ¿cómo debe prepararse tu municipio?

El PCSP-AAP 2026 ya está en vigor. El plazo de 30 días para que las dependencias federales presenten cronogramas de implementación marca el inicio de un proceso que involucrará a los municipios de manera directa. Estas son las acciones prioritarias que todo gobierno municipal debe emprender de inmediato:

1. Realizar un diagnóstico de sitios públicos municipales (primeras 2 semanas)

Inventariar todos los espacios bajo responsabilidad municipal —parques, plazas, centros comunitarios, oficinas, mercados, panteones— y verificar cuáles cuentan con conectividad y cuáles no. Este inventario es el insumo básico para la participación en el RUSP y para negociar prioridades con la ATDT o los concesionarios privados.

2. Revisar el marco normativo local (primeras 4 semanas)

Encargar a la dirección jurídica o a la sindicatura una revisión específica de los reglamentos municipales para identificar trámites relacionados con telecomunicaciones que puedan constituir barreras burocráticas. El objetivo no es desregular indiscriminadamente, sino demostrar cumplimiento de la LNETB y preparar, en su caso, iniciativas de reforma reglamentaria.

3. Designar un punto de contacto institucional (primera semana)

Identificar al servidor público que fungirá como enlace con la ATDT, la CRT y la CFE. Esto puede ser el titular de servicios públicos, la dirección de desarrollo económico, o una unidad de gobierno digital si existe. La falta de interlocutor claro genera retrasos y pérdida de oportunidades.

4. Verificar presencia de tele-escuelas y clínicas IMSS Bienestar en el territorio

Consultar el Anexo 3 del programa (disponible en el portal de la ATDT) para identificar si existen sitios en el municipio incluidos en la lista de los 27,749 espacios que CFE deberá conectar en 2026. Establecer contacto proactivo con CFE para facilitar el acceso y la instalación en esas localidades.

5. Comunicar a la ciudadanía

Los municipios pueden posicionar el programa como una oportunidad gestionada activamente por su administración. Comunicar a las comunidades rurales y periurbanas que el gobierno municipal está trabajando para que accedan a Internet gratuito en sus espacios públicos genera valor político y contribuye a la legitimidad del cabildo.

Los municipios que actúen proactivamente en los próximos 60 días tendrán ventaja en la priorización de recursos del programa. Los que esperen instrucciones formales arriesgan quedar al final de la fila en la distribución de beneficios del PCSP-AAP 2026.

V. ¿Cómo puede ayudarte Iniciativa Local?

En Iniciativa Local acompañamos a los gobiernos municipales en la gestión de los procesos técnicos, jurídicos y administrativos que programas como el PCSP-AAP 2026 exigen. Nuestros servicios especializados para este tema incluyen:

• Revisión y armonización normativa local: Análisis de reglamentos municipales bajo los principios de la LNETB, elaboración de propuestas de reforma reglamentaria para eliminar barreras burocráticas al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.

• Asesoría jurídica en autonomía municipal y telecomunicaciones: Análisis de los límites y alcances de la competencia municipal frente a la intervención federal en espacios públicos locales.

• Gobierno digital municipal: Aprovechamiento estratégico de la conectividad para la mejora de trámites y servicios municipales, alineado con el Objetivo Sectorial 2 del Programa Sectorial de la ATDT.

Consulta el Programa aqui.