Gana San Andrés Tuxtla controversia constitucional
- Rubén Fernández
- hace 24 horas
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó la sentencia que resuelve la controversia constitucional 36/2024 promovida por el Municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, contra el Poder Legislativo del Estado. El caso se centra en la validez de la Ley Número 643 de Ingresos del municipio, publicada el 29 de diciembre de 2023, que modificó ciertos artículos relacionados con la asignación presupuestaria y la autonomía fiscal del municipio.
Antecedentes del Caso
El Municipio de San Andrés Tuxtla presentó un proyecto de Ley de Ingresos el 26 de septiembre de 2023, el cual fue modificado por el Congreso del Estado de Veracruz. El municipio argumentó que estas modificaciones violaban principios de legalidad y seguridad jurídica establecidos en la Constitución. La controversia se originó tras la publicación de la ley en la Gaceta Oficial y la posterior demanda presentada el 9 de febrero de 2024.
Argumentos del Municipio
El municipio alegó que el Congreso local había actuado de manera ilegal al modificar las tasas de impuestos y derechos sin la debida fundamentación y motivación. Se argumentó que esto contravenía los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Federal, así como la legislación estatal que garantiza la autonomía fiscal de los municipios.
Decisiones del Tribunal
La Corte determinó que la controversia era procedente y fundó su decisión en la falta de motivación objetiva por parte del Congreso al modificar las propuestas del municipio. Se concluyó que la modificación de las tasas y derechos no cumplió con los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por la Constitución.
Efectos de la Sentencia
La Corte declaró la invalidez de los artículos 6 y 12 de la Ley Número 643 de Ingresos del Municipio de San Andrés Tuxtla, que regulaban el cobro de derechos por la expedición de licencias y la tasa del impuesto al traslado de dominio. La sentencia surtirá efectos a partir de los 30 días siguientes a su notificación al Congreso del Estado, permitiendo así que se subsanen las irregularidades.
La decisión de la Suprema Corte refuerza la importancia de la autonomía municipal y la necesidad de que las legislaturas estatales justifiquen adecuadamente cualquier modificación a las propuestas de ingresos municipales, asegurando así el respeto a los principios de legalidad y seguridad jurídica en la administración pública.
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