Nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

El Gobierno Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025, entre otras, la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que abroga la similar de 2009.

Esta introduce cambios relevantes en la distribución de competencias y responsabilidades en materia de seguridad pública. Particularmente, fortalece el papel de los gobiernos municipales como actores corresponsables en la construcción de paz, la prevención de las violencias y el desarrollo institucional de sus cuerpos de seguridad pública.

Nuevas Obligaciones para los Gobiernos Municipales

Conforme al artículo 12 de la Ley de 2025, los gobiernos municipales tienen las siguientes obligaciones específicas:

• Asistir a las Mesas de Paz de su entidad federativa cuando se les convoque.

• Establecer reuniones periódicas de seguridad pública dentro del municipio.

• Desarrollar y profesionalizar a su policía municipal conforme a los estándares del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en caso de contar con una.

• Coordinarse con el Poder Ejecutivo estatal para garantizar la seguridad pública en caso de no contar con una policía propia, e impulsar su creación.

• Impulsar la justicia cívica para la atención a faltas administrativas, conforme a estándares nacionales.

Implicaciones Prácticas para la Administración Municipal

Estas disposiciones implican un cambio de paradigma en la seguridad pública municipal, exigiendo un rol más proactivo y coordinado. La obligación de profesionalizar las policías implica inversiones en formación, certificación, control de confianza y condiciones laborales. Asimismo, se espera una articulación institucional constante con instancias estatales y federales, lo cual requiere fortalecer la capacidad de gestión local.

Participación Ciudadana y Justicia Cívica

La nueva ley establece mecanismos obligatorios de participación social en la formulación y evaluación de políticas locales en seguridad pública. Los municipios deben fomentar el involucramiento comunitario a través de foros, comisiones y mecanismos de consulta. Además, deben establecer sistemas de justicia cívica eficaces como componente esencial de la gobernanza local en seguridad.

La nueva Ley redefine el papel de los gobiernos municipales en la seguridad pública, integrándolos como corresponsables en la estrategia nacional. Este nuevo marco normativo exige una gestión más profesionalizada, participativa y alineada con estándares nacionales, lo que representa un reto y una oportunidad para fortalecer la paz y la seguridad desde el ámbito local.