Programa federal Jóvenes Unen al Barrio

El 23 de julio de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa “Las y los Jóvenes Unen al Barrio” para el ejercicio fiscal 2026, a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Subsecretaría de Prevención de las Violencias. Se trata del primer programa social operado directamente por esa dependencia y forma parte del eje “Atención a las causas” de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030. Aunque su propósito (prevenir la violencia entre personas jóvenes) es legítimo y necesario, su diseño operativo plantea preguntas relevantes para los gobiernos municipales, que son quienes constitucionalmente tienen a su cargo la seguridad pública preventiva en el territorio donde el programa se implementará.

¿En qué consiste el programa?

El programa opera bajo la clave presupuestaria 321, modalidad S (sujeta a Reglas de Operación), adscrita al Ramo 36. Para 2026 cuenta con un presupuesto autorizado de $325,019,800.00 pesos y contempla hasta 54,853 apoyos económicos anuales, distribuidos en tres figuras de participación: 48,500 Beneficiarios, 5,400 Impulsores y 953 Responsables Municipales, estos últimos con un apoyo económico de $15,000.00 anuales.

Conviene precisar algo que puede generar confusión: el término Responsable Municipal no designa a un funcionario del ayuntamiento, sino a una figura de participación juvenil dentro del programa. Se trata de jóvenes de entre 18 y 35 años, seleccionados por la propia Subsecretaría, que coordinan y supervisan actividades comunitarias en los “polígonos de atención prioritaria”, realizan recorridos para identificar problemáticas locales y sirven de enlace entre la autoridad federal y la comunidad. El nombre de la figura, sin ser parte del gobierno municipal, puede prestarse a lecturas equívocas entre la población.

La población objetivo son personas adolescentes y jóvenes de 12 a 35 años que habitan en zonas con Alto o Muy Alto Índice de Rezago Social o en Zonas de Atención Prioritaria, ubicadas en los “municipios prioritarios definidos por el Gobierno de México”. La selección de estos municipios es unilateral: las Reglas de Operación no prevén un mecanismo de consulta o acuerdo previo con los ayuntamientos para definir la cobertura territorial. La instancia ejecutora es, en todo momento, la Dirección General C de la Subsecretaría de Prevención de las Violencias, que puede designar personal, validar padrones y coordinar la operación sin que el municipio tenga un rol formal reconocido en las Reglas.

¿Qué dice la Constitución sobre la autonomía municipal en esta materia?

El artículo 115, fracción III, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a los municipios la función de seguridad pública, en los términos del artículo 21 constitucional, incluyendo la policía preventiva municipal. A su vez, el artículo 21 establece que la seguridad pública es una función concurrente entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, que debe coordinarse a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). La prevención social de la violencia, que es precisamente el objeto de este programa, forma parte de ese esquema concurrente y no de una facultad exclusiva y aislada del gobierno federal.

Las Reglas de Operación del programa se fundan en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pero no invocan la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública como marco de coordinación con los municipios, ni prevén la celebración de convenios de coordinación con los ayuntamientos, como sí ocurría, por ejemplo, con instrumentos previos como el FORTASEG. La única referencia a mecanismos de coordinación interinstitucional aparece en la matriz de indicadores del programa, donde se miden “reuniones” y “minutas” con otras dependencias, pero no se identifica a los municipios como contraparte formal ni se les reconoce capacidad de decisión sobre la operación en su territorio.

Desde la perspectiva de Iniciativa Local, esta omisión no es menor. La autonomía municipal no significa que el municipio deba oponerse a la prevención social de la violencia (todo lo contrario, es una política pública deseable), sino que exige que su implementación territorial respete el carácter concurrente de la función de seguridad pública. Un programa federal que despliega personal en campo, aplica instrumentos de detección de riesgo entre menores de edad y jóvenes, y construye un padrón de beneficiarios dentro de la circunscripción municipal, sin que exista un canal formal de coordinación con la autoridad municipal, se aparta del diseño constitucional de la función de seguridad pública, aun cuando la fuente de financiamiento y la operación sean exclusivamente federales.

¿Qué implicaciones tiene esto para los gobiernos municipales?

En materia de gobernabilidad y seguridad, el municipio puede encontrarse con personal del programa federal realizando recorridos, diagnósticos comunitarios y actividades de identificación de riesgo en sus colonias, sin coordinación necesaria con la policía preventiva municipal ni con las áreas municipales de desarrollo social. Esto abre la puerta a duplicidades operativas o, en el peor de los casos, a vacíos de información sobre qué se está haciendo en el territorio y con qué resultados.

En el plano administrativo, es previsible que se solicite a los municipios el uso de espacios deportivos, culturales o comunitarios para las actividades del programa, aun sin que exista un convenio que precise responsabilidades, condiciones de uso o protección civil aplicable.

En el terreno político y de comunicación social, el nombre de la figura “Responsable Municipal” puede generar en la ciudadanía la percepción de que el ayuntamiento valida, opera o es responsable del programa, cuando en realidad se trata de una figura federal, seleccionada y pagada por la SSPC. Los municipios deben cuidar este deslinde para evitar que se les atribuyan responsabilidades u omisiones que no les corresponden.

Finalmente, en materia de protección de datos personales, el programa integra un Padrón de Beneficiarios con información de adolescentes y jóvenes del municipio, resguardado por la Subsecretaría. Si servidores públicos municipales participan en la difusión del programa o en la canalización de jóvenes hacia la “Escala de Detección de Riesgo”, conviene que el municipio delimite con claridad su grado de intervención y responsabilidad frente al manejo de esos datos.

¿Cómo deben prepararse los municipios?

Primeros 30 días: verificar si el municipio se ubica entre los “municipios prioritarios” 2026 del programa; instruir a las direcciones de Seguridad Pública y de Desarrollo Social municipal para mapear la presencia de personal del programa en el territorio; y abrir un canal de comunicación formal con la Dirección General C de la Subsecretaría de Prevención de las Violencias para solicitar información sobre la cobertura y las actividades planeadas.

Entre 30 y 90 días: formalizar, en la medida de lo posible, un mecanismo de coordinación (oficio, mesa de trabajo o convenio de colaboración institucional) que documente la relación entre el programa federal y las autoridades municipales de seguridad y desarrollo social; revisar los protocolos internos para el préstamo o uso de espacios públicos municipales que puedan ser solicitados por el programa; y capacitar a las direcciones jurídica y de comunicación social sobre el alcance real de la figura de “Responsable Municipal”, para deslindar responsabilidades ante la ciudadanía.

Entre 90 y 180 días: evaluar los resultados y el nivel de coordinación alcanzado durante el primer semestre de operación; incorporar los hallazgos al diagnóstico municipal de seguridad y prevención social, de modo que alimenten el Programa Municipal de Seguridad y, en su caso, la actualización del Plan Municipal de Desarrollo; y explorar la construcción de indicadores propios que permitan al municipio medir, desde su propia perspectiva, el impacto del programa federal en su territorio.

Cómo puede ayudar Iniciativa Local

En Iniciativa Local acompañamos a los gobiernos municipales para que la llegada de programas federales de este tipo no se traduzca en incertidumbre jurídica ni en vacíos de coordinación. Entre los servicios que ofrecemos en la materia se encuentran:

Diagnóstico de exposición normativa, para identificar qué programas federales operan actualmente en el municipio sin un convenio de coordinación formal, y evaluar los riesgos jurídicos y operativos que ello implica.

Diseño de protocolos de coordinación intergubernamental en materia de seguridad pública y prevención social de la violencia, que permitan al municipio ejercer su función constitucional sin obstaculizar la operación legítima de los programas federales.

Asesoría en protección de datos personales para el manejo de padrones de beneficiarios y la eventual participación de personal municipal en la canalización de jóvenes hacia el programa.

Revisión de proyectos de convenios de colaboración institucional que precisen roles, responsabilidades y mecanismos de rendición de cuentas entre el municipio y las dependencias federales ejecutoras.

Preparación de demandas de controversia constitucional para los Municipios que cuenten con programas municipales similares en los que el programa federal invada competencias.

Si su municipio ha sido identificado como territorio prioritario del programa “Las y los Jóvenes Unen al Barrio”, o si desea anticiparse a la llegada de programas similares, en Iniciativa Local podemos ayudarle a construir el marco de coordinación que su autonomía constitucional exige y que la política de prevención social necesita para ser efectiva.