Consulta para Ley General de Derechos de Pueblos Indígenas y Afromexicanos

El 29 de junio de 2026, el Diario Oficial de la Federación publicó la Convocatoria y el Protocolo del proceso de consulta previa, libre e informada sobre la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. La consulta la organizan de manera conjunta la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), con el acompañamiento del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, el Congreso de la Unión y, como observadora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El origen de esta consulta es una obligación constitucional pendiente. La reforma al artículo 2o. publicada en el DOF el 30 de septiembre de 2024 ordenó al Congreso de la Unión expedir, en un plazo de 180 días, una ley general que establezca las normas y mecanismos para garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Antes de que esa ley pueda presentarse como iniciativa, el propio artículo 2o. exige que los pueblos involucrados sean consultados, pues se trata de una medida legislativa que puede afectar significativamente su vida y su entorno.

El mecanismo operará en varias etapas: una jornada nacional de información, una etapa deliberativa al interior de cada comunidad, y 82 Asambleas Regionales de Consulta que se desarrollarán entre el 1 de julio y el 13 de septiembre de 2026, además de mesas de trabajo complementarias en ciudades como La Paz, Acapulco, Chihuahua, Tijuana, Guadalajara, San Pedro Ixtlahuaca y Monterrey, programadas del 14 al 20 de septiembre. Entre los sujetos convocados se incluye expresamente a las autoridades municipales indígenas, junto con autoridades comunitarias, agrarias y tradicionales.

La perspectiva constitucional: autonomía indígena y autonomía municipal en el mismo territorio

Este proceso no es un asunto exclusivamente federal. El artículo 2o., Apartado B, de la Constitución impone una obligación directa, no delegada, a la Federación, las entidades federativas y los Municipios: establecer las instituciones y políticas públicas que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos indígenas, diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Esto coloca al municipio como sujeto obligado de primer orden, en pie de igualdad normativa con la Federación y el Estado, no como un simple ejecutor de decisiones tomadas en otro nivel de gobierno.

Aquí se cruzan dos autonomías constitucionales que deben coexistir sin que una desplace a la otra. Por un lado, el Apartado A del artículo 2o. reconoce a los pueblos indígenas el derecho a la libre determinación y, con ello, a sus propios sistemas normativos internos. Por el otro, el artículo 115 reconoce al municipio una potestad reglamentaria propia y originaria, no delegada por la legislatura estatal, sobre las materias de su competencia exclusiva. Cuando ambas autonomías concurren en el mismo territorio, como ocurre en numerosos municipios con población indígena o afromexicana, la futura Ley General tendrá que fijar bases de coordinación sin invadir el núcleo de competencias que la Constitución reserva al ayuntamiento.

La propia Convocatoria distingue entre autoridades municipales indígenas y otras formas de gobierno comunitario (delegados, comisarías, autoridades tradicionales, autoridades agrarias). Esa distinción no es menor: anticipa que la Ley General podría reconocer, junto al cabildo constitucional, estructuras de autoridad indígena con legitimidad propia dentro del mismo territorio municipal. Desde una posición de defensa de la autonomía municipal, conviene que esa coexistencia se construya por la vía del diálogo institucional y no mediante normas estatales o federales que, sin pasar por el municipio, definan unilateralmente cómo deben relacionarse esas autoridades con el ayuntamiento.

Conviene además recordar que la obligación de consultar no se agota con este proceso federal. El propio artículo 2o., Apartado B, fracción XV, obliga también a los municipios a consultar de buena fe a sus comunidades indígenas y afromexicanas antes de adoptar medidas legislativas o administrativas propias (reglamentos, planes de desarrollo urbano, programas sociales) que puedan afectarles. La consulta nacional que hoy se convoca es, en este sentido, un ejercicio que los municipios deberán replicar de manera permanente dentro de su propio ámbito de competencia.

Implicaciones para los gobiernos municipales

Para los municipios con población indígena o afromexicana, este proceso tiene consecuencias concretas en al menos cuatro planos:

• Administrativo. Es necesario verificar si el municipio cuenta con comunidades registradas en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, y si su territorio corresponde a alguna de las 82 sedes regionales o a las mesas de trabajo complementarias programadas para septiembre.

• Político e institucional. El proceso involucra directamente a autoridades comunitarias y tradicionales que conviven con el ayuntamiento. Mantenerse al margen puede debilitar la posición del municipio frente a interlocuciones que, de cualquier forma, ocurrirán en su territorio.

• Presupuestal. Aunque el financiamiento del proceso corresponde al INPI, los municipios sede de asambleas regionales o mesas de trabajo pueden enfrentar costos logísticos de espacio, seguridad y traslados que conviene anticipar.

• Regulatorio. Una vez que el Congreso reciba las conclusiones de la consulta y avance en la discusión de la Ley General, los municipios deberán revisar sus reglamentos de desarrollo urbano, participación ciudadana, protección civil y bienestar social para identificar puntos de fricción con el nuevo marco normativo nacional.